La inflación punitiva:
más presos con menos delitos
La política criminal española provoca una terrible paradoja social: genera una de las mayores poblaciones reclusas de Europa; en un país con una de las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea
La relación entre libertad y seguridad sufre en España un
claro desequilibrio a favor de la segunda, o en perjuicio de la primera,
en materia de seguridad ciudadana. Las tasas de delincuencia del país
se encuentran entre las más reducidas de Europa mientras las de
población penitenciaria destacan por su elevación entre las de los
Estados de ese mismo ámbito. Resulta paradójico: más presos de lo normal
con menos delincuentes de lo habitual al mismo tiempo.
Parece, en cualquier caso, un caso de inflación punitiva,
en el que los legisladores amplían constantemente el catálogo de
infracciones de las leyes penales, en un proceso expansivo en el que
crecen los ámbitos y las acciones criminalizados al tiempo que se
agravan las condenas, con lo que su aplicación se traduce en un insólito
aumento de las reclusiones –y de su duración–, en las que, por otra
parte, no siempre se materializa el componente educativo o de
reinserción que convive en las condenas con el retributivo o de castigo.
“Los legisladores amplían constantemente
el catálogo de infracciones de las leyes penales”
La criminalidad, además de ser reducida, tiende a la baja en España. Según Eurostat,
el sistema estadístico de la UE, el país pasó de registrar 2.396.900
infracciones criminales –delitos y faltas– en 2008 a 2.268.900 en 2012,
periodo en el que la cifra también se redujo en otros quince países
comunitarios. Y, según el Ministerio del Interior, la delincuencia cayó a
partir de entonces de una manera vertiginosa, ya que el 2015 se cerró
con un cómputo oficial de 2.035.625 que supone un descenso ligeramente superior al 15% conforme avanzaba la crisis económica. Esos datos situaron la tasa de criminalidad en
43,7 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, “la más baja de los
últimos doce años”, señala el departamento que dirige Jorge Fernández
Díaz. Más de la mitad de los delitos de los que tienen conocimiento las fuerzas de seguridadson
robos y hurtos: 564.657 de los 993.596 denunciados entre enero y junio,
con un importante peso cuantitativo de los atracos a personas y locales
–30.773, más de siete por hora– y los asaltos a viviendas –57.458, unos
315 por día–.
Estos datos sitúan a España en el grupo de países con menos delincuencia de la UE. Concretamente, entre los cuatro últimos según
la última estadística del Ministerio del Interior. Solo Italia,
Portugal y Grecia mejoran su situación, que se encuentra a mucha
distancia de la que se da en países como Suecia o Bélgica, que triplican
y duplican, respectivamente, sus índices.
Duplicar en presos a los países con mayor criminalidad
Sin embargo, y por el contrario, España ocupa el décimo lugar en la clasificación de los países comunitarios por su índice de población reclusa:
150 presos por cada 100.000 habitantes que le sitúan al mismo nivel que
el Reino Unido, pese a que este sufre una tasa de criminalidad dos
tercios superior, y que hacen que duplique las de Suecia y Dinamarca y
que le saque un 50% a Bélgica, los tres países con mayores índices de
delincuencia de la UE.
La población penitenciaria se ha mantenido estable en
España desde el inicio de la crisis, con una ligera tendencia a la baja
de apenas el 4%, ya que pasó de los 64.228 presos con los que comenzó 2007 a los 61.614 –de ellos, 7.032 preventivos– con los que cerró 2015
–los datos no incluyen la población reclusa en Catalunya-, aunque con
dientes de sierra que reflejan que llegó a alcanzar un máximo de 76.079
al finalizar 2009.
En el posterior descenso resultó clave la política criminal
de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2010 sacó adelante la única
reforma del Código Penal de 1995 que abrió las puertas de las cárceles
hacia la calle al reducir los castigos para el trapicheo de droga y las
pequeñas estafas y despenalizar el top manta –aunque también lo hizo en
sentido contrario al endurecer las condenas por corrupción y declarar
imprescriptible la persecución de los asesinatos y homicidios
terroristas– y que, en una medida a caballo entre el tratamiento legal
de la extranjería y la necesidad de desmasificar las prisiones, amplió
las posibilidades de que los extranjeros sin papeles condenados a penas
inferiores a seis años pudieran conmutar su encarcelamiento por la
expulsión y el regreso a su país con un destierro de entre cinco y diez
años.
“España ocupa el décimo lugar en la
clasificación de los países comunitarios por su índice de población
reclusa: 150 presos por cada 100.000 habitantes”
¿A qué se debe esa extraña convivencia entre una baja tasa
de delincuencia y un elevado índice de población penitenciaria? El
abogado penalista y profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza
Eladio Mateo Ayala llama la atención sobre un eventual efecto ilusorio
provocado por la duración de las condenas. “Es posible que esa elevada
población penitenciaria venga de atrás y sea consecuencia del
cumplimiento de penas largas. Puede no haber una adecuación cronológica
entre presos y condenados en el periodo que trata la estadística”,
señala.
Más de 200 reclusos siguen con el código franquista
Algo de razón lleva cuando Instituciones Penitenciarias indica que 231 presos cumplen condenas dictadas con base en el Código Penal anterior a 1995.
Solo 44 de ellos cumplen por terrorismo, mientras la lista incluye a 17
traficantes, 42 ladrones, 29 violadores y 89 condenados por otros
delitos contra las personas. Les sale a cuenta mantener las condenas
basadas en las normas de 1973, código que contemplaba, entre otros
aspectos, la posibilidad de ir redimiendo la pena a cambio de trabajar
en el presidio. Ese sistema resultaba en ocasiones más apetecible para
los presos que las nuevas condenas, más cortas pero sin posibilidad de
redención.
“Se delinque menos”, ratifica Mateo Ayala, que desmonta una
de las leyendas urbanas sobre la normativa criminal. “Eso de que no se
entra en presidio cuando la pena no llega a los dos años no es cierto
–explica–. Es potestativo de cada tribunal, que, además de que la
condena no supere esa duración, tiene en cuenta otros dos aspectos como
el hecho de que sea un delincuente primario [sin antecedentes o con
ellos cancelados] y que haya cubierto la responsabilidad civil
[indemnizaciones] del asunto”. Y junto con esos requisitos, añade, “en
ocasiones se valora la peligrosidad del reo y su disposición a
reinsertarse”. Eso, en la práctica, hace que gente con condenas de unos
meses acabe cumpliéndolas entre rejas.
Coincide en el análisis con María Ángeles Rueda, profesora
de Derecho Penal en la misma facultad. “Una causa que puede explicar la
elevada tasa de población penitenciaria en España puede residir, por una
parte, en que el número de conductas que se consideran delictivas y que
se castigan con penas de prisión superiores a dos años es muy superior
al de otros países”, indica, antes de anotar que, desde 1995, “se han
producido casi 30 reformas del Código Penal, y casi todas ellas con una
ampliación del número de delitos y una agravación de las penas”.
“Eso de que no se entra en presidio cuando la pena no llega a los dos años no es cierto, explica el penalista Mateo Ayala”
Por otra parte, señala, “hay que añadir un notable
endurecimiento de las condiciones para que el delincuente pueda obtener
una suspensión de la ejecución de la pena de prisión o para lograr la
libertad condicional” como otro de los factores que explican esa elevada
tasa de población reclusa. Las estancias en prisión son prolongadas, ya
que “quien ingresa lo hace, salvo excepciones de menor duración,
para más de dos años”. “Para conseguir la libertad condicional –añade–
es necesario cumplir con una serie de requisitos que se han endurecido
también”.
Delincuentes, delitos y penas, en cifras
La Estadística de Condenados del INE (Instituto Nacional de Estadística) señala que el año pasado fueron condenados en España 222.862 delincuentes por 288.756 delitos que acarrearon 247.600 penas de prisión. Algo menos del 7,5% de ellas —11.188– superaron los dos años de duración
y en 1.934 de esos casos, los cinco. A ese número de reclusos que se
enfrentan a una prolongada estancia en prisión hay que añadir una parte
del 92,6% restante –141.749– que, sin superar los dos años que permiten
acceder a la suspensión de la pena, no podrán disfrutar ese beneficio
legal por no haber indemnizado a sus víctimas, no poder pagar las multas
–los tribunales impusieron 224.900- o tener antecedentes.
Dieciocho años atrás, en 1998, el número de personas condenadas fue de 110.672, algo menos de la mitad que el año pasado. Cuando el INE comenzó a desglosar los datos, en 2007, la cifra de delincuentes se había disparado 147.160, la de delitos había subido a 213.740 y, sin discriminar su duración, las penas de prisión ascendían a 121,217,
a las que había que sumar 11.796 casos de responsabilidad penal
subsidiaria –ingreso en prisión por incumplir algún apartado de la
sentencia– y 776 arrestos de fin de semana –cuyo cumplimiento entre
rejas era ineludible por mucho que su duración conjunta fuera breve–,
además de 369 castigos de localización permanente, que normalmente se
cumplían en el domicilio señalado por el reo.
Casi la tercera parte de esas 11.188 penas de más de dos
años de prisión –3.537– corresponden a delitos contra el patrimonio,
otras 741 tienen su origen en homicidios y asesinatos –consumados e
intentados–, 760 serán purgadas por agresores sexuales y 666 se derivan
de lesiones. Parte de estas últimas proceden de casos de violencia de
género, aunque la estadística no las discrimina de otro tipo de
agresiones físicas.
Sin embargo, llama la atención el peso que han adquirido
los delitos contra la seguridad colectiva, con 4.282 condenas de más de
dos años de duración. Este concepto, regulado en el título XVII del Código Penal,
engloba, entre otros, los incendios, el tráfico de drogas y los delitos
contra la seguridad vial, uno de los grupos en el que desde finales de
los años 90 más ha crecido el número de conductas criminalizadas y más
ha aumentado la severidad de los castigos que acarrea cometerlas. Los delitos al volante, de hecho, suponen casi el 90% de las infracciones contra la seguridad colectiva, con 89.445 de un total de 102.164, seguidas muy de lejos por el tráfico de drogas, con 12.415.
“Llama la atención el peso que han adquirido
los delitos contra la seguridad colectiva, con 4.282 condenas de más de
dos años de duración”
¿Una política criminal sin base criminológica?
Rueda, por último, echa en falta una mayor presencia de la
criminología en las medidas establecidas por el legislador en la lucha
contra la criminalidad. “Tenemos una carencia de estudios criminológicos
–señala– que nos ayuden a comprender las condiciones que favorecen la
criminalidad en nuestra sociedad”. Ese tipo de trabajos, explica,
“pueden conducirnos a adoptar medidas no estrictamente penales para
combatir determinadas formas de delincuencia”, ya que “reformar
constantemente nuestro Código Penal ampliando el catálogo de las figuras
delictivas o agravando sus penas no suele ser la mejor decisión para
reducir la tasa de delincuencia, y un ejemplo de ello lo tenemos en el
tratamiento penal de la denominada violencia de género”.
“A pesar de la profusa regulación punitiva de esta forma de
violencia, que se castiga con penas de prisión entre otras, no se
reduce su presencia”, anota, lo que “pone de relieve que para combatir
este tipo de criminalidad no es suficiente el endurecimiento de la
respuesta penal. Por el contrario, es imprescindible estudiar sus causas
y proponer medidas que permitan aminorar sus efectos”.
Entre los pocos estudios que abordan la desmesurada
relación entre delincuencia y población penitenciaria en España se
encuentra el reciente Informe Rosep,
elaborado por la Red de Organizaciones Sociales del Entorno
Penitenciario, que concluye que “España no es un país inseguro”, con una
tasa de delincuencia inferior a la media europea en un 27%. “Sin
embargo –añade–, nuestra tasa de encarcelamiento es la tercera más alta
de Europa, un 34% por encima de la media. Encarcelamos a 133 personas
por cada 100.000 habitantes, más del doble que Finlandia, Suecia o
Dinamarca. La población penitenciaria se ha multiplicado por 8 en los
últimos 40 años y sólo en los últimos 20 años hemos pasado de 40.000 a
60.000 personas encarceladas. Este aumento no se ha debido a un aumento
de la criminalidad sino a que la duración de las penas ha aumentado”.
Tanto como para duplicar a la media europea y multiplicar por nueve las
de países como Dinamarca.
“Rueda echa en falta una mayor presencia de la
criminología en las medidas establecidas por el legislador en la lucha
contra la criminalidad”
El tercer grado y la condicional desploman la reincidencia
Resop considera “posible reducir el número de personas
encarceladas sin que aumente la criminalidad ni la alarma social”
aplicando “medidas alternativas a la prisión para los delitos más
comunes”. Y, como muestra, resalta que desde 2010, con la reducción de
las penas por la venta de drogas al menudeo, la expulsión de las presos
de origen extranjero y la menor aplicación de la prisión preventiva por
parte de los jueces, “la población penitenciaria se ha reducido en
14.000 personas y la tasa de delincuencia ha seguido descendiendo”.
“El exceso de población penitenciaria en nuestro país se
corresponde con un déficit en nuestro Estado del Bienestar”, concluyen,
ya que “el 60% de las personas presas lo están por delitos contra el
patrimonio (robos y hurtos) y delitos contra la salud pública (tráfico
de drogas)”, mientras que otro “65% tiene problemas de drogodependencia y
un 8% problemas graves de salud mental”.
Sin embargo, no es la política criminal, a menudo diseñada
de manera vehemente y a golpe de noticiario, lo único que falla en el
sistema. Un estudio de la Generalitat de Catalunya
cifra la tasa de reincidencia en el 34%. “Siete de cada diez personas
excarceladas han vuelto a la prisión en los cinco años posteriores de
seguimiento”, señala el informe, que contiene dos datos de alto interés
criminológico: la reincidencia baja al 18,1% cuando el preso ha
regresado a la calle a través de un tercer grado, un régimen progresivo
de libertad que exige que tenga un trabajo, y se desploma hasta el 11,6%
cuando el recluso ha estado en libertad condicional.
Autor
Eduardo Bayona @e_bayona
Fuente: CTXT
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